Presos políticos liberados en Cuba: El delito político

Después de un largo proceso de negociación entre el gobierno cubano de Raul Castro, la Iglesia Católica y el gobierno de España, el gobierno de la isla se ha comprometido públicamente a liberar a 52 presos políticos que enfrentan condenas de hasta 28 años de prisión. La oposición al gobierno comunista cubano ha ejercido en los últimos tiempos una fuerte presión para lograr la liberación de los presos políticos, en un fenómeno que ha captado la atención del mundo entero.

Finalmente el gobierno de Castro ha aceptado la liberación de 52 presos políticos. España sería el destino al que llegarán la gran mayoría de opositores del gobierno cubano, quienes han aceptado el ofrecimiento de ser recibidos en el país ibérico con sus familias, como resultado del proceso de negociación y diálogo. Hasta el momento no se sabe lo que sucederá con los presos políticos que han manifestado que a pesar de la excarcelación, desean continuar viviendo en su país, aún cuando estos son una pequeña minoría en el grupo. Los demás serán recibidos por el gobierno español en el aeropuerto de Madrid, quienes llegarán con sus familiares más cercanos.

Con seguridad el mundo entero recibe con buenos ojos la liberación de los presos políticos cubanos. Es apenas lógico que todos sientan que contar con una posición política diferente a la del gobierno de turno no es causa suficiente para ser condenado por la justicia y llevado a prisión. Sin embargo, muchos olvidan que el delito político no es precisamente un mecanismo cubano, ni del régimen socialista. Por el contrario, el delito político se puede rastrear desde el antiguo Imperio Romano, hasta la actualidad en la gran mayoría de sistemas democráticos. No es más que la realización de una acción encaminada a transformar o derrocar a un régimen político (no importa si es democrático, oligárquico o monárquico) que tiene vigencia política y/o legal en un país.

Cuando hablamos del delito político, nos referimos necesariamente a una discusión entre los fines y los medios que se utilizan para llegar a estos, y si un fin bueno justifica la utilización de cualquier medio para llegar a él. Es evidente que muchos piensan que el fin no justifica los medios. Es decir, que no importa si lo que quieres lograr es muy bueno, no por esa razón puedes utilizar cualquier medio justificándolo por estar encaminado a lograr un excelente fin. Lo que resulta en que no solo se debe contar con un fin ‘justo’ y ‘bueno’, sino que también deben ser revisados los medios que se utilizarán para lograr dicho fin.

La idea es recalcar que ciertas conductas para llegar a ese fin serán tachadas de poco éticas o delictivas, lo que hace que una acción ilegal, injusta y dañina para derrocar a un régimen sea un delito para cualquier sistema legal. Sin embargo, el fin de transformar un régimen no tiene nada de ilegal, nada de delictivo, nada de injusto ni de cuestionable por sí mismo. Lo que puede constituir un delito es la forma en que se pretenda lograr ese fin. Y por lo tanto el delito es ya la conducta que se tenga, y no puede ser considerada por lo tanto como un delito político.

Pongamos un ejemplo. El asesinato de lideres políticos como medio para lograr una transformación en el sistema político es una acción delictiva. Pero lo es en tanto es asesinato. Por lo tanto, tiene mucho sentido que un sistema legal acuse a quien comete el asesinato. Pero tomándolo como lo que es, un asesinato. Es claro para cualquiera que un asesinato es un delito, sin importar si lo realizó con fines políticos o no. Pero el hecho de oponerse a un régimen político no constituye delito alguno.

Por lo tanto no tendría mayor sentido a la existencia de un delito político, más que lo que se pueda impugnar a los medios que utilice quien se opone. Si mata, roba, o realiza cualquier otra acción delictiva, debe ser acusado por su delito: asesinato o robo. Pero realizar una oposición política activa, sin tener conductas delictivas, no tiene por que ser un argumento para llevar a un individuo a prisión. Por el contrario, y más aún en un sistema democrático, deben estar abiertos todos los canales para que la ciudadanía, en caso de así quererlo, se oponga activamente a un régimen político, sistema político, o a un gobierno en particular, sin ser acusada en ningún momento por ninguna clase de delito.

Esto hace parte de los conceptos básicos de la democracia: la deliberación y el debate solo pueden existir en un lugar donde se encuentran dos o más posiciones diferentes. Y el hecho de que una de estas posiciones resulte victoriosa, no puede significar que pertenecer a la otra posición se convierta en un delito. Por eso extraña más que el delito político exista en los sistemas democráticos abiertos, que en el sistema cubano. Extraña más que existan “delincuentes políticos” en países que se ufanan de tener un sistema democrático, abierto y pluralista. Por eso, al saludar la liberación de presos políticos en Cuba, sería deseable encontrarse también con la liberación de presos políticos en todas partes del mundo. No tiene sentido ser acusado y juzgado por su posición política. No tiene sentido que ser disidente se convierta en delito.

George Washington era un disidente político. Y los estadounidenses lo admiran por haber puesto algunos de los primeros ladrillos con los que se construyó su país. Simón Bolivar era un disidente político, y 5 países se enorgullecen al oir su nombre, pues su figura impulsó el fin del colonialismo. Nelson Mandela era un disidente político, y hoy el mundo lo admira por haber construido una sociedad más humana y justa en Sudáfrica. Mahatma Ghandi era un disidente político, y le permitió a uno de los pueblos más grandes del mundo, la India, liberarse del colonialismo británico, y construir un país más libre sin disparar una sola bala. ¿Son ellos unos delincuentes? No sería el concepto con el que preferiríamos definirlos. Pero si logramos comprender el delito político, veremos que todos ellos debieron haber sido encarcelados y reprimidos. Eso resulta bastante incomprensible.