Profirio Lobo, presidente de Honduras, y Hillary Clinton, secretaria de Estado de los Estados Unidos Desde junio de 2009, cuando hubo en Honduras un golpe de Estado liderado por Roberto Micheletti que destituyó al entonces presidente Manuel Zelaya, las organizaciones políticas y económicas internacionales suspendieron sus relaciones con ese país y desconocieron el gobierno de hecho de Micheletti. La crisis política generó un fuerte enfrentamiento entre quienes eran partidarios del nuevo gobierno, y quienes no lo reconocían como un gobierno legítimo. A nivel internacional, Honduras tuvo que padecer serias dificultades políticas, pues hubo varios países que inmediatamente le cerraron sus puertas. Igualmente, el golpe de Estado desencadenó serios problemas económicos, como la imposibilidad de cobrar 160 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) que le correspondían a ese país, debido a que el organismo no reconoció la legitimidad del gobierno de facto.

Sin embargo, el panorama político internacional parece estar viviendo un fuerte cambio después de que se posesionara Porfirio Lobo en enero, quien fue el ganador en las elecciones presidenciales extraordinarias que se convocaron para solucionar el problema de inestabilidad política, y tratar de solucionar la crisis. Hoy en día el gobierno de Lobo cuenta con el reconocimiento de la ONU, y al mismo tiempo ha obtenido de nuevo aceptación en la OEA. El Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internaional han igualmente reconocido a su gobierno, y han manifestado que están restableciendo formalmente sus relaciones con Honduras.

Sin embargo, este suceso demuestra cómo las acciones de los principales organismos financieros internacionales, como lo son el FMI y el BM confrontan directamente el principio de la ‘no intervención’ consensuado en las relaciones internacionales y que busca garantizar que los países mantengan su derecho a solucionar sus inconvenientes políticos internos o ‘domésticos’ de la manera que el mismo país lo decida sin que sean los actores externos los que determinen su destino político.

Los organismos económicos internacionales al ‘desconocer’ el gobierno de un Estado, y limitar su derecho a reclamar los recursos económicos que le corresponden o a acceder a programas de ayuda y de obtención de recursos, buscan tener una influencia directa sobre los asuntos domésticos del país. Y el FMI no es precisamente el encargado de reconocer si un gobierno es o no legítimo. Cuando una institución económica ‘desconoce’ o ‘reconoce’ a un gobierno está sobrepasando los límites de su accionar, y se está extralimitando. Sin embargo, este es el pan de cada día en el escenario internacional, puesto que sin el apoyo financiero de las instituciones internacionales, es muy difícil llevar a cabo los proyectos que buscan desarrollar a los países sin recursos para invertir, por lo que el carácter político de estos organismos es incuestionable. Y teniendo estos organismos dicho carácter político debería ser replanteada la estructura, completamente antidemocrática, a partir de la cual funcionan: 1 dólar = 1 voto.

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