
Un conflicto se ha instalado en torno al desarrollo de una política de inmigración en los Estados Unidos. La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, ha firmado recientemente una ley que pronto entraría en vigencia y que pretende reducir drásticamente la inmigración ilegal en ese Estado, el cual tiene actualmente más de 450.000 indocumentados. Esta ley implementaría una política fuerte y discriminatoria para poner fin a la inmigración ilegal.
La Ley SB1070 comprende ahora la inmigración ilegal como un delito por sí mismo, lo cual puede ser causal para la detención y la judicialización del inmigrante ilegal. Esto cambia fuertemente las circunstancias para los inmigrantes, así como probablemente para muchos ciudadanos, pues la policía contaría ahora con la facultad de arrestar a un ciudadano ante la sospecha de ser inmigrante ilegal. Anteriormente el arresto de un sospechoso sólo podía llevarse a cabo en caso de que este cometiera un delito. Hoy en día el hecho de ser inmigrante ilegal es ya un delito, y el hecho de ser sospechoso es suficiente causal para ser arrestado.
Esto ha prendido las alarmas en los Estados Unidos, en instituciones, movimientos sociales, y en infinitos lugares. Según los críticos, esta medida es profundamente racista, puesto que le da a la policía la facultad de detener a quien de la impresión de ser un inmigrante ilegal, lo que genera una política fuertemente discriminatoria en tanto el criterio para el arresto es la apariencia del individuo. E igualmente podrían sufrir bastantes atropellos los inmigrantes que se encuentren en circunstancias legales.
Ante la presión de diferentes miembros y organizaciones para que el presidente se pronunciara frente a la medida, Barack Obama calificó la norma de “mal orientada” e “irresponsable. Sin embargo, la gobernadora de Arizona dijo que ante la falta de acción del gobierno central, los Estados tenían que reaccionar. Según la gobernadora, estos Estados tienen serios problemas por la inmigración ilegal, como la operación de carteles de droga, y no pueden seguir esperando a que Washington actúe. Este fuerte cuestionamiento a la ausencia de una política central de inmigración se plantea como un posible escenario de conflicto que, por lo pronto, no será solucionado y constituirá un motivo de enfrentamiento entre el gobierno demócrata de Obama y los estados con mayor influencia republicana.
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Es una mala idea. La economía norteamericana no puede sostenerse sin los inmigrantes ilegales.