Demandas en contra de la ley de inmigración en Arizona, EEUU

Arizona es en la actualidad el centro de debate en torno a la política de inmigración de los Estados Unidos, un tema sobre el cual se tenían inmensas expectativas desde la posesión de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos, y sobre el cual éste último se ha mantenido al margen durante su gobierno, a pesar de las exigencias y presiones para que establezca una política nacional de inmigración, y procure mejorar la situación de los inmigrantes legales e ilegales que actualmente se encuentran en su país. La ley SB 1070, conocida como la ley de inmigrantes de Arizona, se ha convertido en un evento que ha abierto completamente el espacio de discusión a las diferentes posiciones políticas de los partidos, funcionarios y grupos sociales de los Estados Unidos, así como de países que se ven directamente afectados por este tipo de medidas como México.

Esta medida, impulsada por la gobernadora de Arizona Jan Bewer, establece una política bastante fuerte en contra de los inmigrantes, y a pesar de que en teoría busca perseguir a la inmigración ilegal, podría afectar directamente a inmigrantes legales, e incluso a nacionales que habiten en este Estado. Esto se debe a que, al establecer por primera vez en los Estados Unidos la inmigración ilegal como un delito estatal, ha autorizado a las fuerzas policiales a detener a cualquier persona bajo la ‘sospecha’ de ser inmigrante ilegal. Por lo tanto se autoriza a la policía a detener y llevar a interrogación a cualquier persona sin tener una orden, por el simple hecho de parecer, bajo la perspectiva de cada agente, un inmigrante ilegal, abriendo la puerta a arbitrariedades de caracter racista, pues es la apariencia de los individuos la que los puede llevar a ser detenidos incluso sin haber cometido ninguna infracción.

Esta ley cuenta ahora con 5 demandas en su contra. Y entre ellas, destaca una demanda por inconstitucionalidad impulsada desde la Casa Blanca, que por fin se ha decidido a enfrentar la situación después de haber realizado una reunión con la gobernadora de Arizona sin llegar a ningún acuerdo. A pesar de la importancia de las otras demandas por violación a derechos, libertades y garantías, quizá la demanda impulsada por el gobierno de Obama tenga una mayor relevancia, y no solamente por provenir de esta alta instancia.

La demanda de la Casa Blanca a la ley de inmigración argumenta que esta medida tomada en el Estado de Arizona constituye una violación al principio constitucional que le otorga todas las facultades al gobierno federal (el gobierno central) para manejar la política exterior de los Estados Unidos. La toma de decisiones del Estado de Arizona sobre una política de inmigración es una intromisión de ese Estado en un asunto que le corresponde al gobierno de los Estados Unidos y no a cada Estado en particular.

Siendo esta la argumentación, la demanda podría llegar a instancias mayores como la Corte Suprema de Justicia, en donde las decisiones que se tomen tendrán una gran influencia sobre la eventual formulación de una política de inmigración. Tal parece que el debate hasta ahora empieza. Pero, mientras el proceso legal esté en curso, la ley no podrá ser aplicada, lo que significa que aún pasará bastante tiempo para que se ejecute aún si sale bien librada del mismo. Por lo menos en este año no habrá una decisión tomada.